¿Cuál es el estatus de DACA? ¿Quién decide sobre los permisos de trabajo de miles de beneficiarios?
Hay un poco menos de incertidumbre sobre el futuro de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Por ahora, los más de 530,000 beneficiarios pueden seguir renovando sus permisos de trabajo —en los 50 estados del país— mientras el litigio sobre la implementación del programa en Texas avanza en una corte de distrito.
El futuro de DACA pasó ahora a manos del juez de distrito Andrew Hanen. Esto porque el 20 de mayo venció el plazo que tenían las partes involucradas para pedirle a la Corte Suprema una revisión de la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
Hasta esa fecha nadie se pronunció: ni Texas junto a los otros ocho estados demandantes ni las autoridades migratorias de Estados Unidos ni los beneficiarios de DACA en el caso.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito había decidido el 17 de enero de 2025 que partes de DACA eran ilegales, pero que el programa seguía vigente. Determinó que los beneficiarios de la Acción Diferida podían seguir renovando sus permisos de permanencia en el país, lo que les garantiza su protección ante la deportación.
Pero también concluyó que el componente de DACA que confería permisos de trabajo era ilegal, así que limitó la implementación de esta medida solo en Texas, que fue el estado que lideró la demanda contra la legalidad de DACA.
Después de ese día, dio plazo hasta el 20 de mayo para que las partes dentro del litigio pidieran la revisión ante el máximo tribunal.
El juez Hanen ya ha decidido dos veces —en 2021 y en 2023— que DACA es ilegal, pero permitió que siguiera vigente para los beneficiarios ya inscritos. Autorizó también las renovaciones de permisos; pero no el procesamiento de nuevas aplicaciones (hay más de 90,000 aplicaciones iniciales pendientes desde 2021, según estimaciones de la organización de apoyo a los inmigrantes, United We Dream).
El presidente del Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educativa (Maldef, organización que ha representado a los beneficiarios de DACA en esta demanda), Thomas A. Saenz, explicó en un comunicado que Hanen debe inicialmente determinar cómo se implementará la orden de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Explica que esa decisión se tomará a través de un proceso de consulta y debate con las partes.
"Con respecto a la autorización de trabajo para los beneficiarios de DACA que residen en Texas, Maldef abogará por un período de implementación prolongado que respete, en la mayor medida posible, los intereses de confianza identificados por la Corte Suprema en su decisión de 2020 que rechazó la rescisión de DACA por parte de la primera istración Trump. En cualquier caso, es probable que la implementación se realice gradualmente durante un período considerable. Por lo tanto, ningún beneficiario de DACA en Texas debería correr el riesgo de perder su autorización de trabajo de forma inminente", explicó Saenz en su comunicado.
Eso quiere decir que Hanen decidirá cómo implementar la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito sólo en Texas: podría resultar en una reducción gradual de los permisos de trabajo de 95,430 beneficiarios de DACA en ese estado, según cifras de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para el 31 de marzo de 2023. Aún no se conoce cuándo iniciará este proceso.
Este 15 de junio se cumplen 13 años desde que inició el programa para proteger a los jóvenes que fueron traídos de niños por sus padres a Estados Unidos. La Acción Diferida tiene más años en litigios que sin ellos: desde 2018 Texas inició la pelea para ponerle fin a este beneficio.
