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Inmigración

Senado de Florida aprueba la 'Ley TRUMP': endurecería penas a la inmigración irregular

La legislación en Florida busca endurecer las penas para inmigrantes indocumentados, incluyendo sentencias de muerte por crímenes capitales, como asesinato o violación. La ley propone una mayor cooperación entre las autoridades locales y el ICE, pero genera controversia al asignar al Comisionado de Agricultura la supervisión de la aplicación.
Publicado 28 Ene 2025 – 10:25 PM EST | Actualizado 28 Ene 2025 – 10:27 PM EST
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TAMPA, Florida.- El Senado de Florida aprobó este martes un proyecto de ley que de concluir con éxito el proceso legislativo reforzaría las políticas de inmigración en el estado que fue denominada como la Ley TRUMP.

Con el respaldo directo del presidente Donald Trump, la legislación, que pasó en una votación de 21-16, tiene como objetivo intensificar la colaboración entre las autoridades locales de Florida y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la lucha contra la inmigración ilegal.

El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara de Representantes de Florida y, si es aprobado, llegará a la mesa del gobernador Ron DeSantis. Sin embargo, el propio DeSantis ha calificado la medida como "débil", lo que abre la puerta a un posible veto, creando incertidumbre sobre su futuro.

El principal objetivo de la legislación es endurecer las penas para los inmigrantes indocumentados que cometan delitos en Florida. Entre las medidas más destacadas, se incluye la imposición de sentencias de muerte para aquellos condenados por crímenes capitales, como asesinato o violación, si son inmigrantes indocumentados. Además, se reconfiguran las penas para aquellos deportados previamente que regresen al estado y cometan nuevos crímenes.

La ley también establece una mayor cooperación entre las agencias de la ley de Florida y el ICE, permitiendo que las autoridades locales colaboren más estrechamente con la agencia federal en la aplicación de las leyes de inmigración. A su vez, se propone asignar la responsabilidad de la supervisión de la aplicación de estas leyes al Comisionado de Agricultura, en lugar del gobernador, lo que ha generado polémica dentro del mismo Partido Republicano.

Críticas internas y externas

Aunque el proyecto de ley cuenta con el apoyo de los republicanos en el Senado, no todos están de acuerdo con sus disposiciones. Varios senadores republicanos, incluidos aliados cercanos de DeSantis, votaron en contra de la legislación debido a su enfoque limitado en la aplicación de la ley y la asignación de poder al Comisionado de Agricultura.

El senador Joe Gruters, autor de la propuesta, defendió el proyecto argumentando que este se alinea con las prioridades del presidente Trump, quien ha solicitado medidas más estrictas contra la inmigración ilegal.

Por su parte, los demócratas han cuestionado la necesidad de que el estado de Florida asuma un papel tan proactivo en la implementación de leyes federales. La ley también elimina la posibilidad de matrícula estatal para los inmigrantes indocumentados que hayan residido en el estado, lo que ha generado oposición dentro del Partido Demócrata, especialmente entre aquellos que consideran que estos inmigrantes contribuyen significativamente a la economía y la sociedad de Florida.

La controversia sobre la matrícula estatal

Una de las provisiones más controvertidas de la ley es la eliminación de la matrícula estatal para los inmigrantes indocumentados. El senador Randy Fine, autor de esta medida, defendió la idea, argumentando que los inmigrantes que llegaron ilegalmente a Florida deberían pagar más por la educación universitaria que aquellos que han llegado legalmente. Sin embargo, varios demócratas, como el senador Shevrin Jones, se opusieron a esta disposición, cuestionando si es justo penalizar a quienes ya están contribuyendo al estado.

A pesar de las tensiones dentro del Partido Republicano y las críticas de los demócratas, la ley podría llegar al escritorio del gobernador DeSantis. Sin embargo, el veto de DeSantis sigue siendo una posibilidad real, lo que podría poner en peligro la implementación de esta legislación. Para anular un veto, se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Legislativo, lo que parece ser un desafío dado el resultado de la votación en el Senado.

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