Abogados urgen al gobierno "gestionar" la migración en la frontera en vez de "deportarla"
Tras varias semanas de informes no confirmados oficialmente respecto a severos cambios en la política fronteriza del gobierno de Joe Biden para contener el tráfico de inmigrantes indocumentados, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) envió una carta al presidente en la que lo “insta” a tomar medidas enfocadas en “gestionar” la crisis y no priorizar en las deportaciones.
La misiva señala, además, preocupación por los informes que indican que la istración planea “implementar una autoridad nacional de deportación en la frontera y elevar el estándar legal para las entrevistas de miedo creíble”, requisito clave en el inicio de un reclamo de asilo en la frontera.
AILA, que agrupa a más de 17,000 abogados de inmigración a nivel nacional, insta a Biden a “gestionar la migración en la frontera sur de manera ordenada y efectiva y, al mismo tiempo, garantizar un proceso justo y humano para las personas que llegan” a Estados Unidos tras huir de sus países por diversas causas, entre ellas violencia, pobreza y efectos del cambio climático.
“Desde que asumió el cargo, el mundo ha seguido experimentando aumentos sin precedentes en flujos de refugiados que han resultado en cifras históricas de solicitantes de asilo y otros migrantes”, se lee en la carta.
Agrega la misiva que “su istración, encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ya ha tomado medidas importantes para gestionar la situación, reuniendo recursos interinstitucionales existentes y, al mismo tiempo, tener que lidiar con un Congreso que no quiere -o no puede- proporcionar las herramientas y recursos necesarios para abordar los desafíos en la frontera”.
Dentro de la negativa se influye el fracaso a principios de febrero de un plan migratorio bipartidista que incluía la asignación de $20,300 millones para, entre otros, la contratación de 2,300 agentes federales fronterizos, 4,300 agentes de asilo del servicio de inmigración y 100 nuevos tribunales de inmigración.
Los recursos de emergencia, solicitados en octubre por Biden, tenían como objetivo aumentar la capacidad dew respuesta del gobierno federal para hacer frente a la situación de crisis que se vive en la frontera desde por lo menos finales de 2013, pero agravada en los últimos tres años.
Preocupaciones en aumento
Los abogados de AILA expresan en la carta a Biden que “estamos profundamente preocupados por los informes que indican que la istración planea implementar una política nacional de autoridad de expulsión fronteriza y elevar el estándar legal para restringir las entrevistas de miedo creíble”.
Advierten que el en la frontera ya ha sido restringido con anterioridad bajo programas como el Permanecer en México (MPP) el Título 42 “y a través de otras prohibiciones que se basaban en la Ley de Inmigración y Nacionalidad 212(f)”, prohibiciones que evidenciaron no ser eficaces “para mejorar el orden y la seguridad en la región fronteriza”.
De hecho, precisa el documento, estas medidas restrictivas “crearon situaciones humanitarias peligrosas, con miles de personas, incluidos niños y familias, abandonados y vulnerables a los ataques de cárteles y contrabandistas”, aumentando los niveles de sufrimiento de estas personas.
A pesar de no conocerse los detalles de los planes que estudia la Casa Blanca, AILA dice que “si bien los pormenores importan, nos opondremos a las medidas si éstas son elaboradas de una manera que violen los derechos de estas personas en Estados Unidos” y el Derecho Internacional de Asilo”, sobre todo si personas elegibles para protección legal “son devueltas a condiciones que ponen en peligro sus vidas”.
El MPP, activado durante el gobierno de Donald Trump, regresó a más de 70,000 personas a esperar en México, en condiciones de abandono y extrema pobreza, la resolución de sus casos de asilo en tribunales de inmigración estadounidenses, procesos que en algunos casos demoraron más de un año.
AILA también indica que “una autoridad de expulsión también bloquea el al asilo y excede la autoridad del presidente para suspender la entrada o imponer restricciones según la Sección 212(f), y se trata de una violación de la ley de asilo según la jurisprudencia existente.
La invocatoria de la Sección 212 (f) por parte de Biden ha sido mencionada por medios citando fuentes anónimas, pero sin la confirmación de la Casa Blanca.
Cuidado con las extralimitaciones
AILA advierte además a Biden sobre el riesgo de “extralimitarse” en su autoridad con el uso de la autoridad ejecutiva del presidente en el intento por “suspender la entrada” de migrantes y con ello “anular el derecho legal” para acceder al asilo ya sea en o entre puertos de entrada, un beneficio legal vigente autorizado por el Congreso.
En segundo lugar, incluso si una autoridad de expulsión establece excepciones a las protecciones humanitarias para la tortura y otras violaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “probablemente expulsará sumariamente a las personas en la frontera sin una evaluación adecuada
porque carece de personal adecuado y otros recursos para hacerlo adecuadamente”.
En tercer lugar, precisa la carta, “con respecto a elevar el estándar legal para el asilo, ya resulta excepcionalmente difícil para los inmigrantes que tienen un limitado dominio del idioma inglés comprender las complejas leyes de Estados Unidos y poder demostrar que califican para asilo sin la asistencia de un abogado”.
“Las actuales bajas tasas de concesión de asilo deben ser
Entendidas a través de la lente de un sistema que es fundamentalmente injusto”, precisan. “Sin consejo y mientras permanecen detenidos, los solicitantes de asilo enfrentan un proceso legal que está en su contra” y tienen escasas probabilidades de ganar sus casos.
Tras el fracaso de las negociaciones en el Senado para aprobar el acuerdo bipartidista migratorio, la Casa Blanca reconoció que, solo el 80% de los casos de asilo que estaban siendo referidos a los tribunales de inmigración eran concedidos y el resto recibía una orden de deportación por falta de méritos.
Las soluciones planeadas por AILA
La asociación de abogados de inmigración le recomendaron a Biden adoptar “soluciones que incorporen un enfoque de todo el gobierno” que incluya “presupuesto” para todas las agencias que participan en el proceso migratorio.
“Sin asignaciones suficientes del Congreso, la implementación de un sistema fronterizo efectivo de gestión será extremadamente difícil, si no imposible”, advierten. Y agregan que “sin fondos disponibles se agravará la confusión en nuestra frontera”.
Dentro de la lista de soluciones, el plan de AILA incluye:
- Aumentar al máximo la capacidad en los puertos de entrada para procesar personas y tráfico de vehículos;
- Aumentar la aplicación de la ley contra el contrabando de fentanilo y otros narcóticos, armas de fuego y personas;
- Agregar agentes de asilo del servicio de inmigración;
- Proporcionar a las ciudades los recursos para apoyar las llegadas de solicitantes de asilo;
- Proporcionar representación legal a quienes no pueden pagar un abogado;
- Ampliar vías legales que reduzcan las llegadas a la frontera; y
- Proporcionar apoyo y asistencia extranjera para permitir a los socios regionales mejorar los controles y proteger a los migrantes, y abordar las causas profundas de la migración.
“Creemos que hay opciones disponibles en Estados Unidos que mejoraría los tiempos de procesamiento en la frontera, y brindaría a representación legal y a financiación de emergencia”, apunta el documento. Pero reitera que, sin la autorización de fondos adicionales por parte del Congreso, el panorama seguirá siendo incierto e inhumano.
“Actualizar nuestras leyes de inmigración ahora deja a la istración frente a una tarea estrechamente
centrada en la frontera cuando, en realidad, el sistema sólo puede arreglarse reformando también y simultáneamente el número de visas y legalizar el estatus de los dreamers y otras personas indocumentadas o en situación de estado temporal (TPS), concluye la carta enviada a Biden.
La Casa Blanca no ha negado ni confirmado los planes de cambios en la política migratoria fronteriza reportado por medios, entre ellos la utilización de la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración para restringir la entrada de extranjeros y acelerar las deportaciones.
