¿Qué pasa con el TPS de 350,000 venezolanos y sus permisos de trabajo? Nadie puede responder con certeza
El Estatus de Protección Temporal (TPS) no está claro para 350,000 venezolanos tras decenas de inmigrantes han sido suspendidos temporalmente de sus empleos en grandes y pequeñas compañías, y la ansiedad se propaga.
"No sabemos si está vigente y no sabemos si no está vigente", dice a Univision Noticias Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano-Americano y una de las activistas más vocales en la defensa de los derechos de esta comunidad.
Pero esta duda no solo la plantea Ferro. El American Immigration Council, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de asuntos migratorios, asegura que con su decisión del lunes, la Corte Suprema "anuló" la orden de un juez de California para posponer la terminación del TPS de Venezuela y logró, explican, "lo que los profesores de derecho creen que es la mayor 'desdocumentación' instantánea de inmigrantes de la historia de Estados Unidos: 350,000 personas que se despertaron el lunes con estatus legal en EEUU, se fueron a dormir el lunes sin él".
A esta misma conclusión llegaron abogados consultados por Univision Noticias. "No está claro el efecto que la decisión de la Corte Suprema tiene en las autorizaciones de trabajo de los beneficiarios del TPS", explicó en un correo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro para Leyes y Políticas Migratorias de la escuela de Leyes de UCLA.
Este miércoles por la tarde, USCIS actualizó la página del TPS para los venezolanos con la decisión de la Corte Suprema, pero no precisó si los permisos de trabajo de miles de personas siguen vigentes. Se limitó a decir que el beneficio queda "en espera de la resolución de la apelación del gobierno en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito".
Para devolver algo de estabilidad a estos venezolanos, un grupo de organizaciones introdujo una moción de emergencia ante la Corte del Distrito Norte de California —donde está el juez Edward M. Chen, cuyo fallo para frenar temporalmente el fin del TPS fue revertido por la Corte Suprema el lunes— pidiéndole que actúe "lo más pronto posible para preservar el estatus y los derechos de estas personas hasta que ese tribunal pueda resolver si las órdenes impugnadas en este caso son legales". Esto contempla que los permisos de trabajo de los venezolanos con TPS de 2023 sean protegidos mientras se conoce una decisión final y que así, puedan conservar sus empleos.
"El daño es incalculable"
El TPS que está en litigio es el de 2023. En ese grupo, explica Ferro al teléfono, estiman que la mitad puede tener una petición migratoria paralela al Estatus de Protección Temporal.
Ferro asegura que el limbo en que ha estado el TPS en los últimos meses ha generado en sus beneficiarios —niños y adultos— ataques de ansiedad, de pánico y crisis nerviosas. Cuenta que el lunes, cuando explicaba la decisión de la Corte Suprema en un en vivo en redes sociales, tuvo que apagar los comentarios porque leyó a personas con ideas suicidas.
"Este es el costo humano del que nadie quiere hablar", asegura.
Venezuela vive desde hace al menos una década una de sus peores crisis económicas, políticas y sociales. Esa inestabilidad a todo nivel, llevó a casi ocho millones de venezolanos a emigrar a otros países del mundo en un éxodo que ha sido catalogado histórico. Ferro cuenta que muchos de los beneficiarios del TPS que ahora está en este limbo en Estados Unidos incluso huyeron de Venezuela luego de ser perseguidos o torturados por el régimen de Nicolás Maduro. EEUU reconoció hace unos días que el país sudamericano se mantienen estas condiciones.
Por eso para ella "el daño es incalculable", y no sólo en lo emocional.
"Estamos hablando de personas que pagan impuestos, que trabajan, que están insertados en el aparato económico, que trabajan para grandes corporaciones como Disney", dice al referirse a los adultos. Pero también habla del impacto en cientos de niños y jóvenes que han conseguido becas para ir a la universidad, que son deportistas de élite, que son excelentes estudiantes. "Cada vida afectada importa. Son cientos de miles", reclama.
Ferro sabe de al menos dos docenas de venezolanos que se marcharon de Estados Unidos por el miedo de los padres de ser expulsados a una cárcel de pandilleros en El Salvador o de ser detenidos por ICE en cualquier momento. También por el terror de los niños a ser detenidos o separados de sus padres.
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