Operación Lone Star: presentan demanda por violación de derechos de 4 inmigrantes detenidos en Texas
Cuatro inmigrantes indocumentados que fueron detenidos en Texas entre 2021 y 2022 bajo cargos criminales de ingreso ilegal a Estados Unidos y luego desestimadas las acusaciones, permanecieron entre 13 y 42 días más en prisión en abierta violación de sus derechos civiles, se lee en una demanda presentada ante la Corte de Distrito del Distrito Oeste de Texas.
Los demandantes alegan que los inmigrantes fueron detenidos de forma ilegal y prolongada, y violaron sus derechos civiles incluso después que los cargos fueran desestimados por los condados fronterizos donde fueron arrestados.
Cabe señalar que la presencia indocumentada o entrada ilegal a Estados Unidos es competencia del gobierno federal quien es el encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Federal de Inmigración (INA) aprobada en 1965 por el Congreso.
Para el gobierno federal, además, la entrada indocumentada al territorio estadounidense constituye una falta de carácter civil no criminal.
Sin embargo, desde marzo de 2021, tras la entrada en vigor del Operativo Lone Star (Estrella Solitaria) impulsada por el gobernador Greg Abbott (republicano), el cruce ilegal al estado de Texas desde México es considerado un delito criminal, postura que está siendo desafiada en los tribunales de justicia.
La demanda contra la ‘Estrella Solitaria’
Una coalición integrada por el Proyecto de Defensa Justa de Texas (TFDP, por sus siglas en inglés), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la forma de abogados Covington & Burling LLP, presentaron el lunes la demanda a nombre de los cuatro inmigrantes detenidos y encarcelados quienes, una vez les levantaron los cargos, permanecieron presos, algunos hasta 42 días.
“Tal detención excesiva viola la Constitución de Estados Unidos y los mandatos claros de los procedimientos penales de Texas”, dijo la coalición demandante.
El recurso legal nombra a dos alguaciles de condado, condados, funcionarios estatales y una empresa privada que colectivamente comparten e individualmente causaron la detención excesiva de los demandantes.
Desde que se puso en marcha la Operación Estrella Solitaria, cientos de inmigrantes que huyen de sus países y vienen a estados Unidos en busca de asilo, han sido detenidos, encarcelados y/o expulsados a territorio mexicano. Otros que han logrado pasar la primera fase de la entrevista de miedo creíble con las autoridades federales y luego liberados en espera de la resolución de sus casos en la Corte de Inmigración (EOIR),
han sido llevados en autobuses a otros estados gobernados por demócratas interrumpiéndoles el debido proceso migratorio.
Política fronteriza “cruel”
ACLU señala que la política fronteriza del gobernador Abbott pone en riesgo a miles de inmigrantes. “La política fronteriza cruel de Texas es un desperdicio, incendiaria y está plagada de abusos contra los derechos humanos y civiles”, dijo David Donatti, abogado de la ACLU de Texas.
“Nuestros clientes estuvieron encerrados durante días y semanas después de que la ley estatal ordenara que fueran liberados. Es más, cientos o miles de personas más han sido objeto de este similar menosprecio de sus derechos”, agregó.
A juicio de la organización de derechos civiles, el gobernador de Texas “ha manipulado el poder ejecutivo sin control y las leyes penales de Texas para ejercer control sobre las comunidades fronterizas y poner en peligro a los migrantes”.
La política migratoria de Abbott es similar a la política de tolerancia cero del expresidente Donald Trump, quien en la actualidad se postula como candidato nuevamente a la nominación presidencial del Partido Republicano para los comicios del 2024.
Falta de carácter civil
A la pregunta si la entrada ilegal o la permanencia indocumentada en Estados Unidos representa una falta criminal, el abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, dijo que “se supone que no es, no conlleva un cargo criminal y para el gobierno federal debe quedarse como un asunto civil".
Agregó que, dependiendo de agravantes que pudieran asociarse a la entrada ilegal al territorio de Estados Unidos, como por ejemplo alguna sustancia prohibida, puede convertirse en un cargo menor a nivel federal.
“Pero en concreto, el cruce indocumentado no es un delito criminal”, precisa Barrón. “Se le tendría que impugnar un abogado de oficio al inmigrante para enfrentar un cargo criminal porque dudo que tenga recursos para pagar uno. Así es que, si no le asignan un abogado de oficio, la presencia indocumentada o el cruce ilegal es un asunto de materia civil no criminal.
Eso explicaría por qué, después de detenidos los cuatro inmigrantes, los cargos fueron levantados. Pero nada justifica la privación de libertad de hasta 42 días después de retirados los cargos, razón que motivó la demanda presentada el lunes.
“Las únicas veces que el ingreso ilegal recibe un cargo criminal es cuando el individuo trae drogas o fue deportado previamente y regresó sin permiso a estados Unidos (re-entry), un crimen que puede ser castigado con hasta cinco años de cárcel”, precisó Barrón.
Similitudes con la política de Trump
En 2017, durante el gobierno de Trump el entonces fiscal general, Jeff Sessions, ordenó a los fiscales fronterizos presentar cargos criminales por ingreso ilegal a los padres de familia y arrestarlos, como parte de una cuestionada política de disuasión de inmigrantes indocumentados que venían en busca de asilo tras huir de sus países de origen.
Implementada en secreto durante más de un año pocas semanas después que Trump tomara el control de la Casa Blanca, la estrategia permitió a los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) detener a los padres y arrebatarles forzosamente el cuidado de sus hijos mientras enfrentaban los cargos criminales.
Tras solventar los problemas judiciales, cientos, quizás miles de progenitores intentaron recuperar a sus pequeños, pero debido a la falta de protocolos para reunificarlos, cientos de padres fueron deportados solos a sus países de origen.
Todavía ahora, más de dos años y medio después de la llegada de Biden a la Casa Blanca, más de 1,000 familias permanecen separadas, cientos de ellos en sus países de origen y sus pequeños perdidos en el sistema de adopciones de Estados Unidos.
La semana pasada un grupo de congresistas federales pertenecientes al Caucus Hispano de la Cámara de Representantes urgieron a los secretarios del DOJ y del DHS “investigar denuncias de separaciones forzadas en la frontera con México” por parte del gobierno de Texas, similares a las ejecutadas durante el gobierno de Trump.
